Cómo los trabajadores agrícolas prohibieron “El Cortito” hace 50 años

Durante décadas en el Valle de Salinas, la azada de mango corto, conocida como “El Cortito,” se utilizó para desherbar y ralear las hileras de cultivos, lo que mantenía a los trabajadores agrícolas encorvados durante largas horas cada día. Los trabajadores solo podían ponerse de pie y estirarse al llegar al final de una hilera, terminando cada jornada con la columna vertebral estresada y torcida. Durante muchos años, el trabajo encorvado no solo fue físicamente debilitante, a menudo resultando en lesiones permanentes de espalda, sino que también reflejó una indiferencia sistémica por la salud de los trabajadores agrícolas.

Los trabajadores se referían a “El Cortito” como “el brazo del diablo” y su uso no se relacionaba con la eficiencia ni la productividad. Se trataba de control. Mantener a los trabajadores encorvados significaba mantenerlos bajo supervisión constante, una silenciosa afirmación de dominio arraigada en los campos.
Durante años, los trabajadores agrícolas protestaron contra su uso. Pero sus reclamos fueron ignorados. En 1969, un grupo de trabajadores agrícolas de Soledad, California, entre ellos Sebastián Carmona, se quejó ante un joven abogado llamado Maurice “Mo” Jourdane, de la oficina de Asistencia Legal Rural de California (CRLA) en Salinas. Exigían justicia. El líder sindical César Chávez, quien atribuyó su propio dolor de espalda crónico a la herramienta, también instó a Jourdane a que llevara el caso.

Al principio, Jourdane se mostró escéptico sobre si los tribunales prohibirían la herramienta, cuyo uso generalizado se remontaba a la época de la Gran Depresión. No fue hasta que Héctor De La Rosa, trabajador comunitario de CRLA y extrabajador agrícola, lo retó a intentar trabajar con la herramienta un solo día. Después de tan solo un par de horas, Jourdane sintió un dolor agudo e insoportable en la columna vertebral y el hombro se le entumeció por el movimiento desafiante y repetitivo. Lo que antes era una cuestión legal se convirtió en una obligación moral.

Con Marty Glick, director de CRLA en Salinas, Jourdane iniciaría una batalla legal de seis años. Su primer paso fue presentar una petición ante la Junta de Seguridad Industrial de California. Once médicos testificaron que la herramienta envejecía prematuramente el cuerpo de los trabajadores; los hombres de entre 30 y 40 años parecían septuagenarios con artritis avanzada. Pero en 1973, la Junta, designada por el gobernador Ronald Reagan, rechazó su petición, argumentando que “la azada no es una herramienta manual insegura y el costo de desechar cientos de miles de azadas supera el daño resultante de su uso”.

Sin desanimarse, la CRLA llevó la lucha a la Corte Suprema de California con un recurso de amparo que impugnaba la decisión adversa de la agencia istrativa. No solo debían demostrar que “El Cortito” era una herramienta manual insegura, sino también que existían alternativas viables, como el uso de un mango largo. Sebastián Carmona se convirtió en el principal demandante, al que se unieron otros valientes trabajadores agrícolas del Valle de Salinas, como Isabel Cárdena, Raymundo Daniel, Eligió de Haro, Emilio García, Juan López, José Romero y Jesús Serrano.

La batalla legal para prohibir el uso de El Cortito finalmente llegó a su fin el 7 de abril de 1975, después de que la Corte Suprema de California fallara a favor de la CRLA y los trabajadores agrícolas, declarando que la Junta de Seguridad Industrial había dado una interpretación excesivamente restrictiva de las regulaciones estatales. Posteriormente, la Junta emitió una nueva Interpretación istrativa Número 62, que establecía que “el uso de la azada de mango corto se considerará una violación de la orden de seguridad, Sección 8 CAC 3316.” El recién nombrado Gobernador Jerry Brown acababa de asumir el cargo en enero de 1975, y la Junta reconoció que el clima político acababa de cambiar significativamente en Sacramento.

Pero la victoria representó más que la simple prohibición de una herramienta insegura. Fue un gran avance y marcó una nueva era en el movimiento por los derechos de los trabajadores agrícolas. Demostró que los tribunales podían ser un aliado cuando legisladores y reguladores se negaban a actuar. Para la CRLA, fue un punto de inflexión en su defensa legal. Para los trabajadores, si bien la justicia se retrasó, al final no se les negó.

Al reflexionar sobre el caso, Glick dijo: “Acabamos de contar su historia ante el tribunal. Cuando la gente sufre tanto como los trabajadores agrícolas, no se necesita mucha ley para que un tribunal de hombres honestos, como nuestra Corte Suprema, diga ‘no permitiremos que la injusticia continúe’. Bastaba con un poco de persistencia de nuestra parte para que alguien escuchara lo que decían los trabajadores agrícolas.”

El 10 de junio, la Junta de Supervisores del Condado de Monterey conmemorará el 50º aniversario de este caso histórico que mejoró la salud y la seguridad de tantos trabajadores agrícolas en toda California. Sigue siendo un poderoso recordatorio de lo que sucede cuando trabajadores agrícolas, abogados y líderes locales se unen para desafiar las condiciones laborales adversas que tienen graves consecuencias para la salud. También esperamos que empodere a la próxima generación de californianos para que reconozcan que ellos también tienen el poder de cambiar el curso de la historia y enfrentar la injusticia.

(*) Ignacio Ornelas Rodríguez, Ph.D., es historiador y trabaja en el Departamento de Colecciones Especiales y Archivos Universitarios de la Universidad de Stanford. Luis Alejo es exasambleísta estatal y se desempeña como Supervisor del Condado de Monterey, representando a la Ciudad de Salinas